Expertos y Dirigentes Sociales Advierten Hay que Enfrentar Altas tasas Mortalidad Maternas e Infantiles

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Santo Domingo, RD:- Las altas tasas de mortalidad materna e infantil constituyen uno de los principales problemas de salud de la República Dominicana, según expresaron tres especialistas al debatir el tema durante un panel organizado por la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA)

21 Feb 2018 0 comment   Prensa ADESA RD

Los doctores Rosa Elcarte, representante de UNICEF en el país, Edgar Allan Vargas, presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, y Cristián Francisco, catedrático universitario y dirigente del Colegio Medico Dominicano afirmaron que más del 80 por ciento de la mortalidad materna e infantil se puede evitar con medidas preventivas y  con calidad en los servicios sanitarios.

Reconocieron que existen protocolos  para el tratamiento adecuado de los embarazos pero estos no se cumplen.

En el 2017 murieron 2,835 niños menores de un año, el 83% de ellos neonatales, para un incremento de un 9% con relación al año anterior. En el mismo período la tasa de mortalidad materna se elevó a en  un 11% al perecer 188 mujeres parturientas.

Esas cifras colocan  al país, junto a Haití y Bolivia, en el liderazgo de las peores tasas de mortalidad de América Latina y el Caribe.

Alba Reyes, coordinadora de ADESA, aseguró  que estas muertes evitables son una de las peores consecuencias de la crisis que sufre el sistema nacional de salud debido a la baja inversión que hace el Estado en  el sector y el desorden administrativo y gerencial que hay en los hospitales.

“Los hospitales de maternidad parecen chiqueros, donde pululan bacterias y faltan medicamentos, equipos y otros insumos básicos”, afirmó al hablar en la apertura del panel, que congregó a dirigentes de organizaciones sociales, médicos y representantes de organizaciones no gubernamentales.

La ADESA calificó de valiente la resolución del Ministerio de Salud mediante la cual presentó un reglamento para reducir las muertes de parturientas y recién nacidos en los hospitales públicos y en clínicas privadas. Ese reglamento establece una escala de sanciones para quienes actúen con negligencia frente a casos de mujeres embarazadas.

La organización considera que a esa medida deben agregarse otras ocho.

Alba Reyes reclamó  que “ las redes de maternidades y de hospitales infantiles  del país sean equipadas con todo lo necesario, adecuadas y dignificadas, y que sus directivos y profesionales accedan a las posiciones mediante concurso de oposición (méritos) y sean sometidos a permanente fiscalización”.

Agregó que todos los centros en construcción y remodelación destinados a prestar servicios a las madres embarazadas y de pediatría deben estar terminados en un plazo no mayor de seis meses.

Exigió  a la SESALRIL y a la Cámara de Cuentas una fiscalización  exhaustiva del manejo administrativo y financiero, tanto en funcionamiento como en construcción, para evitar el desvió de recursos por la corrupción gubernamental.

Sugirió también que el presupuesto y la organización del Servicio Nacional de Salud priorice el funcionamiento de un autentico sistema de Atención Primaria que incluya educación, promoción, prevención y primer nivel de atención, sobre todo en barrios y campos del país, para evitar que las madres y las criaturas lleguen a último  momento  a las maternidades en un estado de riesgo para su vida. La Atención Primaria debería estar completamente desvinculada de la existencia o no de un carné de seguro. Asimismo deben reorientarse las políticas públicas que garanticen salud integral a las mujeres, madres y niños en los barrios y campos.

Otra medida por la que aboga ADESA es la creación de una política de educación sexual y reproductiva que permita elevar los niveles de consciencia en las familias y la juventud sobre el tema del embarazo.

Por último, propone que  en el futuro inmediato el país se aboque a discutir y producir una reforma que termine con el modelo neoliberal y mercantil de financiamiento a la demanda de salud, y que el dinero público y los impuestos generales y de seguridad social que la población paga se dirijan  a finananciar, de manera adecuada, la oferta digna, de calidad y humanizada de atención primaria, de segundo nivel y tercer nivel de atención sin DISCRIMINACION de ingreso, clase, genero ni ubicación territorial.