Negar el “Transitorio” que Prohíbe la Reelección es un “Dilema Irracional” de Abogados Buscan Complacer el Poder

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El jurista Namphi Rodríguez sostuvo que la idea de formular un “juicio de constitucionalidad” para hacer entrar en contradicción la parte dogmática y orgánica de la Constitución con las disposiciones transitorias y finales plantea un “dilema irracional” de algunos abogados que buscan complacer el poder y reinstalar en el debate público el “fantasma de la reelección presidencial”. 

19 Mar 2018 0 comment   Prensa y Derecho

Rodríguez, quien es catedrático de Derecho Constitucional, dijo queno es razonable pensar que los artículos transitorios o las disposiciones generales son “ripios” o normas que carecen de  aplicación práctica, ya que la Constitución es un cuerpo deauténtico de derecho normativo integrado al ordenamiento jurídico.

“Como ha decidido porsentenciael Tribunal Constitucional de Perú, en cualquier caso, ya se trate de una Disposición Final o de una Disposición Transitoria, no cabe la menor duda de que éstas constituyen auténticas disposiciones constitucionales, que tienen fuerza vinculante y, por ello, integran el parámetro de control en cualquiera de los procesos constitucionales”, dijo.

Puntualizó que las Disposiciones Generales, Transitorias y Finales se enmarcan dentro de las técnicas del constituyente para  aprobar  normas de desarrollo constitucional que considera no apropiado consignarlas en el cuerpo orgánico o dogmático de la Constitución. 

“El Tribunal Constitucional de Perú ha señalado en un fallo del 2003 que estas disposiciones corresponden a la voluntad del constituyente instituida en el proceso de reforma constitucional y que constituyen auténticas normas jurídicas”, adujo. 

En ese sentido, indicó que con esas disposiciones se regula el régimen temporal al cual se sujeta la regulación de determinadas materias desarrolladas en el cuerpo de la Constitución. 

“Por lo general se trata de disposiciones que poseen una eficacia circunscrita a una dimensión temporal que, desde luego, no incide sobre su fuerza jurídica forma”, indicó al comentar la jurisprudencia de varios tribunales constitucionales sobre el tema.

Rodríguez hizo la puntualización al rechazar las objeciones que hacen sectores al transitorio vigésimo de la Constitución actual, del que dijo hace perfecta armonía constitucional con el artículo 124 de la Constitución cuando prevé que, “en el caso de que el Presidente de la República correspondiente al período constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el período 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”.  

Transitorios en las constituciones 

El catedrático advirtió que las disposiciones transitorias no son ni nuevas ni exclusivas de la Constitución del 2015, sino que obedecen al criterio “técnica-jurídica” de racionalidad y coherencia que han utilizado constituciones dominicanas anteriores para facilitar el tránsito al régimen jurídico a una nueva Constitución. 

Recordó que la Constitución del 2010 incluyó cinco artículos de Disposiciones Generales, 19 Transitorias y una Disposición Final, mientras que en 1994, el artículo transitorio 121de la Constitución recortó el período presidencial al extinto presidente Joaquín Balaguer.

“Dicho transitorio rezaba: el período presidencial que se inicia el 16 de agosto de 1994 concluirá, por excepción, el 16 de agosto de 1996”, rememoró al tiempo de puntualizar que el mismo se cumplió al pie de la letra pese a una instancia incoada ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por el extinto jurista Ramón Pena Acevedo. 

Asimismo, adujo que mediante la disposición transitoria 122 de la  Constitución de 1994  se separaron las elecciones presidenciales, y congresuales y municipales, al prever que “las próximas elecciones presidenciales serán celebradas el 16 de mayo de 1996, y el Presidente  y el Vicepresidente de la Republica   asumirán sus funciones el 16 de agosto de 1996. Las próximas elecciones congresionales y municipales tendrán lugar el 16 de mayo de 1998 y los funcionarios que resulten electos asumirán sus cargos el 16 de agosto de 1998”.

Indicó que la Constitución de 1966, de su lado, consignó en su artículo transitorio 121 que el período constitucional de los cargos electivos se iniciaba el primero de julio de 1966 y terminaba el 16 de agosto de 1970.

Por último, señaló la Constitución proclamada el 29 de abril de 1963, la cual contenía dos disposiciones transitorias, una  para organizar el régimen de la propiedad agrícola y, la otra, que disponía que “la inamovilidad de los jueces se podrá hacer en vigencia mediante ley adjetiva, previa depuración por parte de la Asamblea Nacional de los actuales jueces en funciones, teniendo en cuenta su probidad, prendas morales, capacidad y experiencia jurídica para el ejercicio de la judicatura”.

“Como queda demostrado, no hay que cavar muy hondo para advertir que lo que se busca con la negación del carácter normativo de las “Disposiciones Generales, Transitorias y Finales” de la Constitución es complacer el poder”, concluyó Rodríguez.