Odebrecht dirá a Quiénes les Pagó Soborno en RD

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Con la homologación del Acuerdo Reformulado, suscrito entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, la empresa brasileña deberá suministrar, antes del 19 de mayo, los nombres de los funcionarios dominicanos sobornados para la adjudicación de obras.

20 Abr 2017 0 comment   Libonny Pérez

 

Así lo anunció el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, quien destacó que además de los nombres, Odebrecht deberá aportar los testimonios, documentos, archivos, libros, registros y cualquier otro medio de prueba que tenga en su poder y que sea requerido para enriquecer la investigación.

Indicó que con esas informaciones, junto a las que suministrarán las autoridades brasileñas y las recabadas en el país, se completará “el rompecabezas para someter a la Justicia a los corruptos sin importar quienes sean”. 

Las declaraciones fueron emitidas por el titular del Ministerio Público, luego de que el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional homologara el Acuerdo Reformulado y autorizara al Ministerio Público la aplicación del criterio de oportunidad. 

En su decisión, contenida en la resolución 059-2017, el juez Danilo Amador Quevedo explicó que la aplicación del criterio de oportunidad a favor de la empresa Odebrecht se dio en función de que ésta admitió la comisión del ilícito penal de Soborno en el Comercio y la Inversión, previsto y sancionado en la Ley número 448-06, de conformidad con las disposiciones del artículo 370 numeral 6 del Código Procesal Penal. 

Además, resaltó que esta figura “que en principio aplica a infracciones de baja y/o moderada lesividad indicadas en el artículo 34 del Código Procesal Penal, ha sido extendida con cierta dosis de autonomía para casos declarados complejos bajo las reglas del artículo 370.6 del Código Procesal Penal”. 

¿Qué dice el acuerdo?

El acuerdo, firmado entre el MP y Odebrecht el pasado 16 de marzo y homologado ayer por el Tercer Juzgado de la Instrucción, contiene 13 artículos y permitirá lograr la cooperación de Odebrecht con las autoridades dominicanas, que mantienen una investigación en curso luego de que la empresa admitiera el pago por 92 millones de dólares “a funcionarios públicos del Gobierno de la República Dominicana, directamente o a través de intermediarios, a los fines de facilitar o asegurar ciertos contratos de construcción de obras de infraestructura”. 

En él, Odebrecht se compromete a identificar, en menos de 60 días, los funcionarios públicos sobornados en el país y toda la información que conduzca a determinar coautores o cómplices, identificar las obras que resultaron adjudicadas como consecuencia de los sobornos pagados y a las personas físicas y jurídicas que facilitaron y coadyuvaron a entregar los sobornos e indicar el monto de los sobornos entregados; así como el mecanismo financiero utilizado para hacer llegar el dinero a los sobornados y las cuentas bancarias y registros contables. 

Otro de los aspectos a los que se comprometió informar la empresa, será el nombre de las entidades que efectuaban las transferencias financieras, las entidades receptoras del dinero, los mensajes vía correo electrónico y los contratos de consultoría comercial. 

Frente a esto Odebrecht, gracias al criterio de oportunidad, logrará la extinción de la persecución penal en su contra, sus sucursales subsidiarias y personas jurídicas de su grupo económico. 

Sin embargo, el empresario Ángel Rondón Rijo, quien se desempeña como representante comercial de Odebrecht en el país, no tendrá ese privilegio, tal y como se establece en el artículo 8 del acuerdo, el cual reza que los compromisos acordados respecto de la prescindencia de las acciones penales y la aplicación de una solución alternativa del conflicto no aplican ni benefician de manera alguna “a Ángel Rondón Rijo, cualquiera sea la calidad que ostente respecto de Odebrecht, ni demás terceros que no sean parte directa del grupo económico de Odebrecht. 

Pago de US$184 millones

Como resarcimiento de los daños y perjuicios causados al Estado dominicano por los hechos, Odebrecht se compromete a pagar US$184 millones antes del 30 de marzo del año 2025. De este monto, la empresa carioca ya pagó US$30 millones el pasado 31 de enero, los cuales fueron depositados a través de un cheque en el Banco de Reservas de la República Dominicana, mientras que el resto será fraccionado de acuerdo a un cronograma que establece el pago de US$30 millones el 30 de julio del próximo año, US$32 millones el 30 de julio de 2019, US$16 millones el 30 de marzo de 2020, US$16 millones el 30 de marzo de 2021, US$16 millones el 30 de marzo de 2022, US$16 millones el 30 de marzo de 2023, US$16 millones el 30 de marzo de 2024 y US$16 millones el 30 de marzo de 2025.

Pero si la empresa incumple su obligación de entrega de información o el pago de estas cuotas, el MP dará por terminado el presente acuerdo y en consecuencia retendrá las sumas que hubiesen sido pagadas por la empresa a favor del Estado dominicano y reiniciará las persecuciones penales y civiles en contra de la empresa y sus trabajadores, como si el criterio de oportunidad nunca hubiese sido solicitado.

Por último, ambas parte acordaron, en aras de la transparencia, renunciar a la reserva de publicidad del contenido del acuerdo y divulgarlo para que la población lo conozca. 

Movimiento Verde rechaza acuerdo

Más temprano, integrantes del movimiento Marcha Verde protestaron a las afueras de la PGR para rechazar la reintroducción del acuerdo, al cual calificaron como “un acuerdo de impunidad”.

El integrante del colectivo Marcha Verde, Carlos Pimentel, dijo que con la homologación “se violaron importantes disposiciones del Código Procesal Penal y se evita la realización de una investigación profunda”.

Señaló que ahora el Movimiento Verde está en la obligación de decidir de manera colectiva lo que serán las próximas acciones que realizarán en función de poner fin a la impunidad y exigió a las autoridades que publiquen, “como manda la ley, los nombres de las personas que financiaron la campaña electoral.

No se están investigando las sobrevaluaciones

Durante la rueda de prensa ofrecida ayer, el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, aclaró que en el caso Odebrecht, no están investigando las presuntas sobrevaluaciones de las obras de infraestructura construidas por la empresa brasileña en territorio dominicano, tal y como ha sido denunciado por diversos sectores. Resaltó que el proceso investigativo, a través del cual se han realizado interrogatorios y se materializó un allanamiento a la sede de Odebrecht, sólo se está circunscribiendo al ámbito penal, porque “las sobrevaluaciones constituyen un delito administrativo que es responsabilidad de otras autoridades”. También, el magistrado señaló que la revelación del acuerdo de colaboración que firmó la empresa con el Estado dominicano, “pone más cerca el encarcelamiento de los que aceptaron sobornos y acelera la investigación, por lo que la decisión del juez representa un paso trascendental de avance en la lucha contra la corrupción”.