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De acuerdo a las estadísticas más recientes sobre población penitenciaria de presos preventivos, la RD se ubica como país pionero donde más presos residen sin juzgar. Según las estadísticas el 65% de los presos sin condena es la población más numerosa del sistema penitenciario. Es decir, por encima del promedio de los países de América Latina, que es de un 10 y 15 %. Cuáles son las causas para que la RD sea el país que mas presos tiene por juzgar. Veamos!

En primer lugar existe una fuerte confusión o desconocimiento entre las autoridades del sistema penal sobre lo que significa una política criminal o más bien que se debe entender por política criminal.

Las autoridades penales de la RD entienden que una política criminal es aplicar mas derecho penal, aplicar más penas y de larga duración, declararle la guerra a la delincuencia y la criminalidad, establecer una guerra sin cuartel contra los delincuentes, tener más presos en las cárceles, crear mas cárceles, mas policía, mas jueces, crear más delitos, hacer algunas que otras campañas de corte publicitario para determinados delitos o invocar algunas doctrinas autoritarias como: mano dura contra la delincuencia, cero toelerancia contra el delito, cero crimen, etc.. En fin, tienen la creencia de que la política criminal consiste en expandir el derecho penal.

Sin embargo, una política criminal es todo lo contrario a eso. Una política criminal es saber cómo administrar la violencia que legítimamente ejercen las agencias del sistema penal. Estas agencias básicamente son la policía, ministerio público, jueces y cualquier agencia que practique la investigación y que puedan aplicar alguna violencia institucional. Una política criminal es evitar lo menos posible el uso de la violencia estatal contra los delincuentes del derecho penal.

 Una expresión de una política criminal erratica lo constituye la gran cantidad de presos preventivos. El uso excesivo de la prision preventiva evidencia la gran cantidad de violencia ejercida por el Estado sin ningún control. La prision preventiva es la mayor intromisión del Estado en la vida de la gente y es una forma de ejercer violencia institucional.

No es que no haya presos preventivos. Es que se agoten las alternativas a prision preventiva, las cuales son muchas. Es que se utilicen más las medidas alternativas para evitar el derecho punitivo. Es que se establezca un sistema de consecuencia para que cuando entre un preso preventivo a la cárcel salga otro. El modelo penal actual ha demostrado que puede funcionar sin presos. Dos de los casos más sonados que se conocieron por el proceso penal actual fueron caso "plan renove" y "caso baninter", en ambos casos sus imputados esperaron su sentencia de condena sentados en su casa y hoy están cumpliendo condena.

La Constitución ordena al Ministerio Publico utilizar como primera medidas las soluciones alternativas al juicio. Manda a que se utilice el derecho penal como la ultima respuesta que el Estado debe dar al delito. No la primera, como sucede en la actualidad. El no uso de medidas alternativas al proceso penal es la segunda causa de una política criminal errada. Es decir, la falta de aplicación y desconocimiento de los mandatos constitucionales en la administración de la justicia penal por parte del Ministerio Publico.

El Poder Judicial también tiene encima una cuota de responsabilidad por tantos presos preventivos. Los tribunales penales pueden ayudar a reencausar la aplicación de una correcta política criminal. El pedimento que le hace el Ministerio Publico a un juez no le acta, no le obliga a dar lo que piden. El juez tiene la facultad legal de aplicar una salida alternativa distinta la prision preventiva. 

Otra forma de confusión sobre la política criminal por las autoridades consiste en organizar una campana publicitaria de prevención o de persecución sin cuartel contra el delito. Eso tampoco es política criminal.

La política criminal es aquella que permite que un caso penal se pueda conducir sin preso o que pueda haber juicio sin encierro. Una política criminal es la que hace un esfuerzo en gestionar un modelo de conflictos penal sin violencia. Es administrar la violencia estatal penal, no aumentarla. No es endurecer las penas ni apresar más gente. Es solo y solamente evitar o aplicar menos violencia penal.

O como lo explica el penalista Alberto Binder en su más reciente libro titulado análisis político criminal: “la política criminal no tiene otros objetivos generales que los que surgen de PGC, es decir, intervenir en los conflictos, para evitar que ellos se resuelvan con abuso de poder y violencia, para evitar que triunfe el más fuerte solo por ser fuerte.”