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Destelao.com te informa:

Poner a un fiscal a realizar allanamientos es una mala práctica constitucional y procesal. Es muy lamentable la muerte de un Ministerio Público en un allanamiento cuya acción para muchos o casi la totalidad de la sociedad cree que estaba jurídicamente en el ejercicio de funciones públicas.

El allanamiento es una figura procesal de investigación penal establecida en el código procesal penal que se define como aquel registro domiciliario o una inspección domiciliaria ordenada por el juez mediante resolución motivada y fundada en el cual se buscan cosas relacionadas con el delito que se investiga o que puedan servir como prueba de él o de sus supuestos participes.

La constitución dice que el ministerio publico es el gerente de la investigación o más bien el coordinador de una investigación penal. Que significan estas categorías constitucionales. Veamos.

Lo que el constituyente quiere expresar y de acuerdo a la definición de los conceptos de gerentes y coordinador se refiere más bien a que el Ministerio Público es un administrador del proceso de la investigación penal, el cual tiene bajo sus órdenes un cuerpo de investigadores que realizan las funciones operativas. El fiscal seria más bien como una especie de gerente legal de esas operaciones. 

Me explico. El Ministerio Público diligenciará y solicitará ante los tribunales las diferentes autorizaciones judiciales que se requieran para las diferentes diligencias procesales de investigación o recolección de evidencias. Es decir, el fiscal le entrega a la policía judicial, las ordenes de allanamientos, registro, de arresto, les suministrará las actas para que asiente sus actuaciones, etc. Para que este cuerpo especializados e instruido realice esas operaciones penales. No es el fiscal quien tiene que hacerlas, es la Policía Judicial. 

Es la Policía Judicial la que esta entrenada y debe seguir un protocolo policial. El fiscal no es un policía. El fiscal es un gerente de la investigación.

Es la Policía Judicial la que maneja la forma de cómo hay que protegerse y la manera de reaccionar cuando hay un enfrentamiento o un tiroteo en un espacio donde se ejecuta una diligencia procesal. El fiscal no está entrenado para reaccionar ante un fuego cruzado.

Cuando el legislador menciona en el CPP que el Ministerio Público puede realizar allanamiento no lo hace de manera obligatoria sino que lo deja de manera opcional, aunque también es incorrecto, ya que dicho mandato legal no expresa ni sintoniza con el mandato constitucional de que su función es más bien gerencial o de coordinacion en la investigación penal.

El Ministerio Público es un funcionario que a la luz del derecho comparado no se ubica como un cuerpo investigativo de campo ni mucho menos de policía. Es quien sustenta una acusación ante los tribunales con las pruebas que les han recolectado y suministrado la policía judicial.

Es por ello, que cuando la policía realiza o ejecuta  las diligencias procesales se convierten en los mejores aliados y testigos del fiscal en el juicio de fondo. A demás es el policía quien mejor realiza la función de autenticar las actas procesales y son aquellos actores del sistema penal que mejor les sirven al Ministerio Público como consultores técnicos y quien mejor le puede indicar qué preguntas hacer. 

La muerte del Lic. Omar Álvarez Rodríguez, honorable fiscal, hombre de bien, solo tiene un responsable, el Estado Dominicano, ya que fue el estado que le permitió a un funcionario hacer lo que la constitución no le ordena. Es por ello, que el Estado Dominicano es pasible de ser demandado por daños y perjuicios a sus familiares.

Colocar a un fiscal al frente de un allanamiento es como poner a un abogado a realizar una cirugía a corazón abierto o decirle un medico que haga el diseño de las torres gemelas.  

A caso el Ministro de Obras Públicas hace calles o infraestructuras, o la Ministra de Educación baja a las aulas a impartir clases, o el Ministro de Salud Publica realiza consultas en los hospitales. Es lo mismo para el fiscal, el no tiene que hacer allanamientos ni ninguna otra diligencia procesal. Eso es una función de sus administrados, la Policía Judicial.