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 Es insólito pero cierto, la petición que hace el Ministerio Publico Dominicano al Poder Judicial de la RD. Que petición legal!. Procurador General de la República exhorta según los medios de comunicaciones lo siguiente:

“Exhortó a los miembros de la Judicatura (Poder Judicial)…..Para que  juntos al Ministerio Público puedan devolver la confianza enviando un claro mensaje de que “ejercemos un papel serio y contundente contra la impunidad y la corrupción”.

Con esta solicitud el señor Procurador General de la Republica le sugiere a los jueces y al Poder Judicial que violen la Constitución y el ordenamiento legal.

El Poder Judicial ni ningún juez pueden aliarse al Ministerio Público para que combatan los delitos. La función constitucional del Poder Judicial es administrar justicia o más bien enjuiciar los hechos o reclamaciones que les llevan los ciudadanos al tribunal como tercero imparcial. Su función es aplicar la ley y la Constitución pero nunca jamás aliarse al órgano acusador o a quien quiere meter preso a una persona porque cometió un delito para que le ayude a encerrarlo.

La función del Ministerio Público es distinta a la del juez. El Ministerio Publico tiene un rol diferente al del Poder Judicial. El Ministerio Público investiga un delito, lo presenta ante el tribunal y sostiene la acusación penal contra el imputado. La función del juez es juzgar y decidir el reclamo del Ministerio Público y las demás partes. Que sus actuaciones se encuentren apegadas a las leyes, y que los mismos tengan suficientes méritos para sancionarlos. Si el juez se asocia al MP quién juzgará o quien establecerá la no culpabilidad o quién ratificará la inocencia de los imputados?

Cuando un juez se confabula con el órgano acusador no solo el imputado tiene asegurado una condena sino que ni si quiera hace falta una defensa técnica. No hará falta el trabajo de los abogados penalistas.

Los jueces no están aliados a la lucha contra la corrupción ni para combatir el crimen. Su función es garantizar que no se violen derechos ni se ejerza violencia contra nadie. Su función es ordenar y autorizar ciertas medidas apegadas a las leyes. Su única función es administrar justicia no aliarse.

Al respecto apunta el destacado penalista argentino  Alberto Binder en una de su más reciente obra jurídica sobre Política Criminal lo siguiente: “los jueces no son instrumento político criminal. Es necesario aclarar este equívoco. Claro está que ellos realizan el juicio penal y aplican la pena. Pero su función es controlar y autorizar, es decir, su actuar está  vinculado al sistema de garantías” y mas adelante agrega: “un juez para ser juez, necesita ser imparcial y debe controlar el cumplimiento de las garantías pensadas para evitar el abuso de poder y violencia desmedida por parte del Estado. En fin, debemos ser claros, la política criminal no ha sido pensada para los jueces. Aun en la determinación de la pena, ellos no pueden sobrepasar la que le piden los acusadores, dado que no es propio de un juez fallar por fuera de lo que le piden las partes; podrá imponer penas menores en función del sistema de garantías, pero no puede ocupar, en ningún momento, el lugar del acusador,” termina la cita. Tomado del libro Análisis Político Criminal, de la pagina 320 y 321.

La Constitución dominicana en tal sentido establece en su artículo 149 que la función del Poder Judicial consiste en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre las personas. Juzga y hace ejecutar lo juzgado. Por su parte el mismo texto dispone en su artículo 169 que el rol del Ministerio Publico consiste en dirigir la investigación penal, formula e implementa la política criminal y ejerce la acción pública penal.

Por todo ello es que el pedimento para establecer una alianza entre el Ministerio Público y el Judicial es imposible, y en consecuencia el Poder Judicial deberá rechazar tal pedimento. 

El Ministerio Publico está mas bien concebido estructuralmente como parte del Poder Ejecutivo y una alianza entre el Poder Ejecutivo y Poder Judicial no solo sería inconstitucional sino que desaparecería el sistema de vigilancia que impone el sistema de peso y contrapeso entre los poderes del Estado.