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Santo Domingo DN, RD:- En los últimos días se han producido hechos de criminalidad y delincuencia que han cobrado vidas y los cuales han producido consternación y asombro en la sociedad dominicana. Tales hechos no solo han tocado bienes jurídicos pertenecientes a miembros de las Fuerzas Armadas sino que también han afectado emocionalmente a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.

Estas violaciones a la ley penal han llevado a las autoridades encargadas de la aplicación de la ley penal a decir frases como “Es preferible 50 delincuentes muertos, que un militar o un policía asesinado” otras como “a los delincuentes le responderemos con contundencia”, “con manos duras”, son algunas de las frases que más recurren y apelan nuestras autoridades para rechazar y enfrentar estos hechos penales. 

Otras reacciones pero no menos importantes son aquellas en la cual se culpa a los jueces o a la justicia, de que tal “delincuente” se encuentra en libertad. Es decir, cuando el autor de un delito penal en el presente se le determina que había cometido otro delito en el pasado o que se encuentra en medio de un proceso penal. Aduciendo la crítica de que no debería estar libre.

Todas estas reacciones me parecen que son muy validas desde el punto de vista emocional pero jamás desde el punto de vista legal. Y son menos aceptables cuando salen de la boca de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Se supone que tienen dominio de sus funciones y saben cuáles son las consecuencias de sus opiniones.

La delincuencia y la criminalidad hay que enfrentarlas con la ley pero no con mano dura. Hay que enfrentarlas con la constitución y las leyes pero no con contundencia. Cuando se apelan a estos tipos de frases lo que denota es que en nuestras autoridades está presente un autoritarismo y una fuerte ausencia de respeto por los derechos humanos. Una total inobservancia de las garantías y derechos que tiene todo aquel que se le impute un delito. 

Dice la constitución y la ley que todo imputado tiene derechos que habrá que respetarlos. No importa cual delito sea, ni que hecho haya cometido por más horrendo y abominable.

Por otro lado, algunas autoridades, lideres, políticos, ciudadanos comunes y demás miembros de esta sociedad culpan a los jueces, y otros a la justicia de que un imputado, el cual se presume inocente hasta que una sentencia firme lo defina como tal, se encuentre en libertad. 

Me parece que quienes hacen esos pronunciamientos lo hacen tal vez por ignorancia, otros por hacerse graciosos, otros por hacer uso de un populismo penal, para el caso de nuestros políticos. Lo que sí es seguro, es que estos pronunciamientos son injustos e inadecuados. Toda vez que es la misma Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y las leyes penales que ordenan que todo imputado de un hecho penal, su condición sea estar en libertad.

La condición natural del imputado es estar libre. Por numerosas razones legales. Porque es inocente hasta prueba en contrario, porque no tiene una sentencia definitiva que lo declare culpable, porque debe estar libre para que prepare su defensa, porque no hay condiciones humanas en las congestionadas cárceles, porque un delito no significa que el imputado deberá estar preso. Porque puede haber proceso penal sin preso y porque puede haber un caso penal sin cárcel.

No solo se hace justicia cuando se condena o se encierra. También se hace justicia cuando el imputado se encuentra en libertad. Cuando un imputado está en libertad es porque el sistema jurídico lo permite. Si un imputado que se encuentra en medio de un proceso está libre y comete otro delito, no es culpa del juez, del fiscal, de la policía ni del derecho penal. No es culpa de nadie. 

Si está en libertad y comete un hecho penal el sistema o los operadores lo que tienen que hacer es ser más efectivos y eficientes pero con las herramientas adecuadas que les permitan ser efectivos. Por ejemplo, no se concibe que en los delitos de flagrancia el Estado tenga que abrir una investigación. Lo que tiene que hacer el fiscal es presentar la acusación y no investigar nada. Ya tiene la prueba por la flagrancia. 

A todo esto se suma la creencia en la gente, políticos, líderes, autoridades, abogados y casi toda la sociedad de que el derecho penal o más bien que estar preso previene el delito. El delito se previene con políticas no penales. Se previene con políticas públicas, políticas de inclusión no de exclusión. Con empleo, luz en las calles, trabajo, seguridad social, salud, agua, calles arregladas y vivienda. El derecho penal no tiene que resolver la inseguridad ciudadana. El derecho penal es reactivo no proactivo. El derecho sirve para responder no para crear.