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En los últimos días se han producido públicamente la renuncia de miembros del Poder Judicial, especialmente de Jueces de Corte de Apelación. Sin embargo, se están produciendo numerosas renuncias de los Defensores Públicos, las cuales no se han hecho notar, ya que no se hacen públicamente. Pero ese órgano constitucional también está afectado por las renuncias de sus miembros. En menor proporción están los miembros del Ministerio Público, en cuyo órgano constitucional se registran tímidas renuncias.

Todo esto pone de manifiesto que hay una crisis salarial en el sector de justicia. Estas renuncias no solamente evidencia un problema de salario sino que hay un gasto en la formación de esos profesionales del sector justicia que el Estado lo está perdiendo cuando un juez, fiscal o defensor publico renuncia. Cada uno de esos profesionales tiene que ser formado académicamente para que puedan servir con eficiencia. Esa formación implica la erogación de gastos que el Estado tiene que hacer.

Esta crisis salarial que está afectando a los jueces, fiscales y defensores públicos no solo se detiene en ellos, sino que la misma se extiende para los abogados que laboran en las instituciones públicas. En las oficinas públicas hay abogados que su pago asciende entre  5, 10, 15, y 30 mensuales. Y por encima de eso tiene que cubrir un horario de ocho horas que contradice su profesión liberal. 

Los profesionales del derecho son de los perores pagados. Un médico, un profesor, un contador, agrimensor, tiene un mejor salario en una institución pública que un abogado.

Creo oportuno que las autoridades que están a cargo de esas instituciones mejoren los salarios del profesional del derecho. A sí mismo, las asociaciones que agrupan a esos profesionales, a si como, el Colegio de Abogados de la Republica Dominicana se pronuncien al respecto, y que organicen una lucha para que se mejoren los salarios de uno de los profesionales que más aportan al desarrollo de la democracia. 

Cuando un abogado hace una buena petición ante los tribunales es un aporte inmenso a la democracia. Cuando un juez falla un expediente y hace jurisprudencia es otro gran aporte para el desarrollo democrático. Cuando un defensor público hace una buena defensa de su imputado hace un buen aporte también a la democracia. Es por todo ello que los mismos deberán tener una mejor suerte salarial.

Otra buena razón para que el profesional del derecho tenga un pago salarial justo es porque el mismo se desenvuelve en una ambiente de muchos riesgos profesional. Cuando un fiscal acusa y logra la condena de un imputado, es probable que el condenado quiera de alguna forma amenazarle o intimidarle. Del mismo modo le sucede al juez que condena al imputado. También al defensor público le puede suceder que cuando logra que su imputado salga libre, la víctima no sienta admiración o respeto por su trabajo, y en consecuencia sienta algún sentimiento negativo en su contra.

Es por ello, que un buen salario para estos profesionales de la justicia deberá ser lo suficientemente atractivo y competitivo. Que su salario le permita competir con las ofertas que le hace el mercado jurídico o con las ofertas económicas que le pudiera hacer un imputado a un fiscal o a un juez para comprar impunidad. Que su salario sea tan bueno que lo blinde de las tentaciones de aquellos inocuos. Un buen salario es sinónimo de calidad de vida tanto para el profesional del derecho como para su familia.