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Recientemente la jefatura de la Policía Nacional dio instrucciones a su personal en la cual les ordenan no hacer redadas ni apresar a personas que no se encuentren cometiendo un delito o más bien en fragrante delito. En tal sentido manifestó la nota policial lo siguiente: “Las redadas solo se realizarán a personas que presenten un perfil sospechoso”, así lo aseguró el vocero policial.

 Qué se desprende de esta orden de carácter administrativo policial? 

En primer lugar el perfil sospechoso de una persona no es una categoría penal que genere un arresto o una redada policial. Ni el código procesal penal ni la Constitución  autorizan arrestar a una persona porque presente un perfil sospechoso. De hecho el concepto de perfil sospechoso no existe como figura jurídica en nuestro ordenamiento constitucional ni penal.

Arrestar una persona según la Constitución y el código procesal penal tiene su causa. Para la Constitución el arresto de una persona se puede practicar solo cuando exista una orden motivada y escrita por un juez o en flagrante delito, según articulo 40 numeral 1. 

Sin embargo, el código procesal penal autoriza el arresto solo en tres circunstancias. Cuando el individuo se encuentra en flagrante delito; se ha evadido de un establecimiento penal o centro de detención; y cuando la persona tenga en su poder objetos, armas, instrumentos o evidencias que hacen presumir razonablemente que es autor o cómplice de una infracción y que pueda ocultarse. A si lo ordena el artículo 224 del cpp.

Como se puede observar ni la Constitución ni el cpp ordenan el arresto por la causa de perfil sospechoso. Habida cuenta de que este concepto es una categoría de creación policial no constitucional ni legal.

Por otro lado, el mandato policial dice que cuando se arreste a una persona por perfil sospechoso deberá ser depurada en un tiempo no más de una hora. 

La depuración no es un procedimiento tampoco autorizada por la Constitución ni la ley. Es un procedimiento policial penal sin ninguna sustentación jurídica. Lo que ordena el código procesal penal cuando se arresta una persona en flagrante delito es ponerlo a la orden del Ministerio Publico, inmediatamente, es decir, sin demora innecesaria para que este si lo estima pertinente, disponga directamente su libertad o solicite al juez una medida de coerción. Y más adelante agrega el cpp que el arresto deberá ser examinado por el ministerio publico para determinar las condiciones en que se practicó el arresto. En caso de haberse realizado no conforme a la ley, dispone su libertad y a su vez vela por la aplicación de sanciones disciplinarias para el autor del arresto ilegal, según el artículo 224 del cpp.

Es decir, que toda persona arrestada por ser sospechosa puede iniciar a través del Ministerio Publico un proceso de orden disciplinario contra el policía que realizó su arresto. En fin, el arresto por un perfil sospechoso es un hecho ilegal, constituye un delito de abuso de poder y genera consecuencias disciplinarias.

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