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Los antecedentes penales son, a veces, de peores consecuencias que la propia pena de cara a la reinserción social del condenado y, además, se soportan de peor forma por quienes han cumplido ya sus penas en la medida que no alcanzan a entender por qué deben soportar la condición legal de personas de segunda categoría y todo esto en el seno de un sistema presidido por los fines de reinserción social. Los antecedentes no podrán ser en ningún caso motivo de discriminación social o jurídica.

Éste verá limitadas sensiblemente las posibilidades de acceder en igualdad de condiciones que el resto de las personas a numerosas oportunidades laborales. Su persistencia en el tiempo no puede justificarse en ninguna consideración preventiva, sino todo lo contrario, el Estado muestra aquí el peor de sus aspectos. El cumplimiento de la pena impuesta por los tribunales de justicia lejos de poner punto final al episodio penal en la vida de una persona, consolida un estatus disminuido, que se prolonga mediante la publicación de los antecedentes penales.

El aspecto retributivo, que, a pesar de todo, sigue estando presente en muchos de los pasajes del sistema de penas que hemos venido estudiando, desaparece, precisamente, cuando podía jugar a favor del condenado. Si la pena es la justa medida con la que una persona debe pagar la comisión de un delito, parece que, tras su debido cumplimiento, el Derecho no sólo debe evitar estigmatizar al condenado, sino que coherente con los postulados preventivos, debe hacer un esfuerzo por compensar el paso por una prisión.

Sorprendentemente las cosas no mejoran, sino todo lo contrario. Las posibilidades tecnológicas que ofrece la informatización de la justicia —convertida en una monumental base de datos— nos permite augurar que lo que hasta ahora no han sido sino pretensiones legales de que los antecedentes puedan cerrar puertas a los condenados —irrealizables por falta de medios—, se convierta, gracias a la fluidez interinstitucional de los datos, en una realidad.

En un ejercicio de coherencia con los fines constitucionales del Derecho penal sería deseable que los antecedentes desaparecieran o se utilizaran exclusivamente en relación con determinados delitos de cara a mejorar el tratamiento resocializador del sujeto.

El sistema de los antecedentes y su administración en la RD permiten hacer un una persona viva convertirla en un muerto civil. No cabe duda de que cuando una persona se envuelta en la justicia penal como imputado de un crimen o un delito  tanto en medio del proceso penal como cuando cumple la condena se le hace difícil conseguir un empleo, buscar visa, acceder a una tarjeta de crédito, préstamo, obtener electrodoméstico e inscribirse en la universidad. Todo ello porque las instituciones privadas o públicas solicitan a los órganos del sistema penal información sobre la persona las cuales les facilitarían un servicio. 

Dónde está el gran problema de esta situación que afecta a miles de dominicanos que estuvieron en conflicto con la ley penal?... Se encuentra en que las instituciones privadas y no privadas piden informaciones de orden penal sobre una persona, algunas veces lo solicitan ellas directamente u otras veces le piden al interesado un famoso papel de buena conducta penal. 

A esta solicitud de antecedentes penales entonces las instituciones oficiales penales le corresponden mediante el pago de una tasa impositiva, olvidándose que ese “papel de buena conducta” hará que en caso de que la persona hubiese tenido problema penales se reflejara en dicho papel y con la consecuencia de convertirlo en un muerto civil, en una carga para el Estado y en un potencial delincuente. Ninguna empresa pública o privada para dar un empleo debiera de pedir antecedentes penales.

Nadie está obligado a aportar pruebas para perjudicarse dice la Constitución.

El tratamiento de los antecedentes penales solo deberá servir para orientar una investigación penal, crear políticas públicas penales que sirvan para contrarrestar el delito pero nunca para afectar al individuo. Las informaciones penales de una persona las instituciones oficiales solo la tendrán en sus archivos para su absoluto y exclusivo uso penal.

La constitución ordena que las informaciones de carácter penal solo se suban a los registros públicos a partir de un auto de apertura a juicio. No ordena que se haga de acceso al público ni tampoco que se le entregue a la propia persona que estuvo en conflicto penal.