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Según la crónica periodística: ¨La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional intimó ayer al Procurador General de la Corte de Apelación para que represente al ministerio público ante el abandono de la sala de audiencia de la fiscal del Distrito Nacional, donde se conocía una solicitud interpuesta por el ex ministro  de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa para que se anule la investigación llevada en su contra por lavado de activos y presuntos actos de corrupción.

La magistrada Margarita Cristo Cristo tomó la decisión, luego de que la fiscal Yeni Berenice Reynoso abandonara la sala de audiencia, tras el tribunal rechazara una recusación presentada en su contra por la representante del ministerio público.¨ 

Es correcto lo que hizo este tribunal. Veamos.

La recusación se puede entender en un sentido amplio como el acto jurídico mediante el cual se ataca a la persona de un funcionario público por causales expresamente establecidas por Ley ante la violación del principio de imparcialidad. Filosóficamente se recusa a un juez porque guarda cierta relación o tiene algún interés con la causa.

El código procesal penal regula la recusación en materia penal en su artículo 80. La recusación al juez penal puede realizarse de dos formas, por escrito y de manera oral. Ambas se practican por ante el juez o tribunal recusado y las misma deberán indicar los motivos en que se funda y los elementos pruebas pertinentes. Para el caso se haga oralmente se deja constancia de sus motivos en el acta de audiencia. El plazo para presentar una recusación es a partir de los 3 días de haberse conocido los motivos para su presentación.

El juez penal para el caso sea recusado tiene dos opciones: Admitir la recusación o enviar el escrito de recusación con un informe a la corte de apelación correspondiente.  

Para el caso de admitir la recusación procede conforme al procedimiento de la inhibición. Es decir, deberá remitir las actuaciones al juez que deba reemplazarlo. Si el juez no admite la recusación deberá enviar a la corte de apelación a la que pertenece el tribunal.

El artículo 82 del código procesal penal así lo ordena. ¨Tramite de la recusación. Si el juez objeto de la recusación la admite, procede conforme el mismo trámite de la inhibición. En caso contrario, debe remitir el escrito de recusación y su informe a la corte de apelación correspondiente…¨.

Como se podrá apreciar este artículo no autoriza ni le otorga facultad legal al juez penal para que rechace una recusación en su contra. Algunos doctrinarios y muy poco juristas argumentan que si el juez puede admitir una recusación también la puede rechazar. Esto no es cierto. Toda vez que el principio de legalidad o primacía de la ley en sentido general dispone que todo ejercicio de un poder público debería realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Si un Estado se atiene a dicho principio entonces las actuaciones de sus poderes estarían sometidas a la constitución o al imperio de la ley. 

La Constitución dominicana adopta este principio en sentido positivo en su artículo 4 al establecer que el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo solamente tendrán como atribuciones únicas las determinadas por la Constitución y la ley. 

Es decir, que el principio de legalidad entendido en un sentido positivo dispone que la administración sólo puede dictar criterios en los términos exactos que la Constitución y la ley autoriza. El principio de vinculación positiva, establece que los poderes públicos solo pueden hacer lo que la constitución y la ley mandan.

Para la administración pública no aplica el principio de que lo que no está prohibido está permitido. Lo que consta es que todo lo actuado por la administración pública deberá estar  autorizado por ley o la Constitución. El principio de que lo que no está prohibido está permitido, solo vale para el ciudadano, no para el Estado.

Por todo ello es que afirmo que el juez penal dominicano no está autorizado ni por ley ni por la Constitución a rechazar una recusación en su contra. Solo está autorizado conforme a lo establecido por el artículo 82 del código procesal penal. Esta posición encuentra respaldo en los artículos 138 y 139 de la Constitución.

Del mismo modo tampoco un juez penal está autorizado para intimar al superior inmediato de la fiscal como en la especie lo hizo. Este procedimiento la ley procesal penal solo lo dispone para el caso del juicio oral. No para otro procedimiento. En todo caso esa petición de los abogados en cuestión se puede conocer con las partes que asistan en virtud de que es un trámite que no implica violación al derecho de defensa.