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Destelao.com te informa:

Recientemente el Ministro de Defensa de la República Dominicana expresó que no se debería someter a la acción de la justicia penal al policía o miembro de las Fuerzas Armadas que en un enfrentamiento que se produzca entre las autoridades y el autor de un delito como consecuencia del cumplimiento de sus obligaciones y deberes. Manifestó que el policía en caso de que mate al delincuente en ocasión de un enfrentamiento no debe ser procesado penalmente.

Puede un policía matar a un supuesto delincuente en ocasión de hacer cumplir la ley?…veamos

En principio y por lo general es que ninguna autoridad puede matar al delincuente. Sin embargo, cuando se produce un enfrentamiento entre autoridades persecutorias y hacedoras del cumplimiento de la ley, y el autor de un hecho que se aparta de la ley puede que la autoridad tenga cierta autorización para afectar el bien jurídico de la vida.

Legalmente no existe ninguna ley que tácitamente autorice al policía o a la autoridad que en un enfrentamiento tenga la potestad de quitarle la vida a una persona ni tampoco que como consecuencia de ello no deba ser sometido a la acción penal. Más bien si hay normativas –principio de proporcionalidad y respeto a la vida-  que limitan a las autoridades policiales a matar delincuentes. 

Ahora bien. El sistema penal dominicano a través del código penal establece la figura legal de la legítima defensa, la cual se considera como una causa de antijuridicidad, toda vez que la legítima defensa es una reacción racional y necesaria, contra una agresión inminente, injusta y no suficientemente provocada. Es por ello, que el uso de la legítima defensa  implica que si una persona realiza un delito, pero cumpliendo con una obligación o deber que le impone la ley, su conducta es conforme al derecho, no obra antijurídicamente, y no hay delito.

Puede el policía invocar la legítima defensa cuando mata al delincuente en un enfrentamiento a tiro¬¬? Claro que sí. 

Cuando se produce una muerte de un presunto delincuente en medio de un enfrentamiento a tiros, deberá producirse una investigación e informes a cargo del Ministerio Público y la propia policía mas las evidencias pueden hacer que se determine tempranamente que hubo legítima defensa y por tanto el Ministerio Publico haciendo un ejercicio correcto y legal, podrá colegir que el policía no debe ser sometido penalmente, toda vez que a la luz de la teoría del caso y por las herramientas de la teoría del delito se puede inferir que hay legítima defensa. 

El Tratamiento Internacional de los Derechos Humanos y a la luz del Derecho Comparado existe una directriz que si bien es cierto, no es vinculante para el Estado Dominicano pero si debe observarlas ya que fue adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas –ONU- el año 1979, de la cual la Republica Dominicana es un estado miembro de la ONU, se trata del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Esta resolución cuando usa la expresión de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluye a todos los agentes de la ley, y que ejercen funciones de policía o autoridades militares especialmente para las facultades de arresto o detención. 

De acuerdo a este código y según los artículos 1 y 2 la policía y cualquier autoridad militar deberán actuar respetando y defendiendo siempre la dignidad y los derechos humanos de las personas, al tiempo que su actuación deberá ser cónsono con alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.

Estos funcionarios estarán autorizados a usar las armas y la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas, según lo dispone el artículo 3 de dicho código.

Afirma este código que el uso de las fuerzas y las armas debe ser considerada como una excepción para las autoridades y que la utilización de armas se considera como una medida extrema. Expresa este documento que los agentes policiales y militares pueden ser autorizados a usar la fuerza en la medida en que razonablemente sea necesario y según las circunstancias para la prevención del  delito. Es decir, que para efectuar el arresto de una persona en cumplimiento de la ley no podrá usarse la fuerza ni las armas cuando dicha medida exceden los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.   

Indica este código que el uso de las armas de fuego contra los menores deberá hacerse lo posible para su exclusión. En fin, para este documento del derecho internacional no debería emplearse armas excepto cuando un supuesto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro la vida de otras personas y no se pueda reducir o detenerse al presunto criminal aplicando acciones menos extremas.

Como se podrá apreciar y de acuerdo al código de conducta para funcionarios encargados de a hacer cumplir la ley, el uso de la fuerza policial y con armas de fuego por parte de las autoridades en enfrentamiento a tiro está limitado pero no prohibido. 

En todo caso si la investigación demuestra que el uso de arma de fuego y la fuerza militar excede las formulas de la razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, y que se pudo haber utilizado medidas menos extremas para atrapar al delincuente, entonces al policía o militar podrán ser legalmente sometido a la justicia penal, en caso contrario no podrían ser enjuiciados penalmente. Hasta la próxima capsula penal.