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El sistema penal dominicano no tiene el delito de prevaricación judicial para jueces y fiscales cuando dichos funcionarios dicten resoluciones que sean contrarias a la constitución y la ley, y que las mismas resulten ser injustas.

Del mismo modo el proyecto de código penal que se discute en el Congreso Nacional no contempla este delito.

Este delito se instituye para jueces y fiscales que en ocasión de sus funciones dicten actos contrarios a la Constitución e injusto y para funcionarios de la administración pública central, legisladores y del poder judicial que en ocasión ejerzan administración pública. Es decir, existe la prevaricación judicial y administrativa.

No sólo los jueces son pasibles de penas por prevaricato. También los abogados.

´´La prevaricación judicial, es uno de los delitos de origen más remoto. Fue conocido ya en el derecho romano, en donde la lex comelia castigaba al pretor que se apartase de la correcta aplicación de las leyes. En el fuero juzgo, se castiga al juez "que no quiere oír a aquel que demanda que haga derecho, o aquel juzga tuerto por engaño, o por no saber (ley xviii del título i del libro ii), y al juez "que iuzga tuerto por ruego o por ignorancia" (ley xix). y en la ley v del título iv del libro vii, castiga al juez que ajusticia a quien no era culpable, diciendo que "debe morir tal muerte aquel dio al otro que no era culpado". En las partidas se dispone que el "merino" es decir "ome que ha mayoría para hacer justicia sobre algún lugar señalado", que se aparta de sus atribuciones o de las normas por las que ha de regirse, "deue auer tal pena en los cuerpos o en los aueres, segund fuere aquello en que ouieren errado". Tomado de wikipedia.

La prevaricación que originariamente se usó para mencionar el acuerdo doloso entre las partes de un litigio, pero a partir de las leyes de partidas comenzó a constituir un delito propio para jueces y de ciertos profesionales que actuaban ante la justicia, como abogados y procuradores.

La prevaricación, o prevaricato, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público. Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad. Está sancionada por el Derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración. Para que este delito sea punible, debe ser cometido por un servidor o juez en el ejercicio de sus competencias.

La prevaricación es un delito que atenta contra la administración pública, pero lo que específicamente se protege es la correcta administración de justicia, procurándose que los actos relativos a ella sean realizados con la mayor honestidad, prudencia y legalidad.

De acuerdo a la jurisprudencia española el bien Jurídico protegido por el legislador es el recto y normal funcionamiento de la Administración y con sujeción al sistema de valores instaurado por la Constitución (STS 798/1995 de 10 de Julio). La acción consiste en dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de su injusticia. Hay sentencias del Tribunal Supremo que exigen que la resolución no sea sólo incorrecta sino que además no sea defendible a través de ningún método aceptable de interpretación de la norma legal (STS 1497/2002 de 24 de Septiembre).

En el derecho comparado este importante delito existe en números códigos penales del mundo y de manera especial en la región.

Argentina.

Como ejemplo de pena podemos citar el Código Penal Argentino, que en su Capítulo X, Art. 269 establece multas e inhabilitación absoluta perpetúa y reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetúa par. Del mismo modo este código en su artículo 271 impone sanciones de multa e inhabilitación temporal hasta seis años al abogado o mandatario judicial que perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada. Y según el Art.272 la disposición del Art. 271 será aplicable a los fiscales, asesores y demás funcionarios encargados de emitir su dictamen ante las autoridades.

Uruguay.

El Código Penal Uruguayo, en su Título V, De los Delitos Contra la Administración de la Justicia, Capítulo IV, Prevaricato, establece: capítulo iv Prevaricato. Artículo 194. (Asistencia y consejo desleal). El abogado o procurador, que faltando a sus deberes profesionales, perjudique los intereses de la parte que defiende o represente judicial o administrativamente, será castigado con 100 U.R. (cien unidades reajustables) a 900 U.R. (novecientas unidades reajustables) de multa e inhabilitación especial de dos a ocho años. 195. (Circunstancia agravantes). Constituyen circunstancias agravantes especiales: 1. Que el hecho se haya efectuado por el culpable, mediante colusión con la contraparte. 2. Que el hecho se haya efectuado en perjuicio de un sujeto sometido a un proceso criminal. 196. (Otras infidencias del abogado o procurador) El abogado o procurador de una de las partes, que diere consejo, prestara asistencia, o ayudara de cualquier manera en juicio, a la parte contraria, directamente o por interpuestas personas, será castigado con 20 U.R. (veinte unidades reajustables) a 500 U.R. (quinientas unidades reajustables) de multa e inhabilitación especial de dos a seis años.

México.

El Código Penal para el Distrito Federal en su artículo 290 contempla la prevaricación, y versa: Se impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, al servidor público que: I. Dicte una sentencia definitiva o cualquier otra resolución de fondo que viole algún precepto terminante de la ley, o que sea contraria a las actuaciones legalmente practicadas en el proceso; o II. No cumpla con una disposición que legalmente se le comunique por un superior competente.

España.

El art. 117.1 de la CE. Desde este punto de vista, el delito de prevaricación, sea judicial, sea de funcionario (art. 404 CP), requiere, ante todo que las sentencias o resoluciones judiciales o las resoluciones del asunto administrativo puedan ser consideradas como un grave apartamiento del derecho en perjuicio de alguna de las partes. La prevaricación, por lo tanto, consiste en el abuso de la posición que el derecho otorga al Juez o funcionario, con evidente quebranto de sus deberes constitucionales. En suma, la no aplicación de la ley o la aplicación torcida por la propia convicción personal del Juez o No sólo los jueces son pasibles de penas por prevaricato. También los abogados.

Por todo ello soy de opinión que este delito debe ser establecido en el sistema penal dominicano. Como prevaricación jurisdiccional para que abarque también, no solo a los jueces del Poder Judicial, sino a los jueces del Tribunal Superior Electoral y constitucional. Toda vez que estos dos últimos órganos constitucionales al no ser miembro del Poder Judicial se le dejaría fuera si se le llamaría al delito prevaricación judicial, habida cuenta de que ellos también deben tomar sus decisiones basadas en la Constitución y la ley.

La administración de justicia como bien jurídico hay que protegerla y la ausencia de este delito permite dejar a la justicia desprovista de tan importante mecanismo punible estatal.

Son numerosos los abogados, fiscales y jueces que con sus actuaciones dentro de la administración de justicia afectan este bien jurídico.