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“Río revuelto y las ganancias de pescadores”

Santo Domingo, DN, RD:- Los incumbentes de las instituciones del sistema penal han desatado una oleada de críticas entre ellas mismas. Se acusan las una contra las otras. Una le imputa a la otra que no funciona bien y que exhiben deficiencia institucional.

Las acusaciones tiene distintas formas que van desde cuando el Ministro de las Fuerzas Armadas, el jefe de la policía, el director de la DNCD y hasta el director del sistema penitenciario atacan al Poder Judicial en el sentido de que suelta con facilidad a los que ellos agarran presos por cometer delitos. Por otro lado el Ministerio Público dice los mismos pero contra los jueces penales del Poder Judicial. 

Otras veces las críticas van dirigidas por parte del poder policial y militar al Ministerio Público aduciendo que no juega bien su papel de acusador. 

En cambio el Poder Judicial dice y afirma que el problema son los investigadores policiales, y que el Ministerio Público lleva los expedientes flojos y sin las suficientes evidencias probatorias.

En fin estas instituciones estatales se debaten en una diatriba de dimes y diretes de tal modo que terminan en te acuso y ataco en tu rol, “Pescadores en río revuelto”

Es correcta y saludable tal situación. Veamos.

Sin dudas alguna que esta discusión bizantina a quien afecta es a la administración de justicia penal y quienes se pueden beneficiar de ellas es la impunidad. La imagen de los componentes de la justicia penal se deteriora y hace que la sociedad pierda admiración y credibilidad sobre ellas.

Si estas instituciones se ponen de acuerdo para establecer un sistema de trabajo coordinado pero respetando los roles institucionales y constitucionales estas acusaciones tal vez no se producirían. 

La Constitución organiza mecanismo de solución para evitar que sus instituciones se desgaten en acusaciones entre ellas. La Constitución dispone que las instituciones acudan a la coordinación. Es decir, la administración pública estará sujeta al principio de coordinación.

Este principio el cual dispone la Constitución en su artículo 138 les ordena a dichas instituciones que su función deberá estar sujeta a este principio. 

Sobre el principio de coordinación administrativa la jurisprudencia comparada ha reconocido que uno de los principios rectores de la organización administrativa lo constituye la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado. La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos.

La coordinación puede ser interrogantica -entre los diversos órganos que conforman un ente público no sujetos a una relación de jerarquía- o intersubjetiva -esto es, entre los entes públicos, cada uno con personalidad jurídica, presupuesto propio, autonomía y competencias específicas-. La coordinación administrativa tiene por propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada. Sentencias: 15218-07, 151-12

De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Sentencia 19896-10, 1344-12

“En efecto, el principio de coordinación obliga al Estado a que sus dependencias adopten e implementen todas aquellas medidas requeridas para organizar y armonizar sus actuaciones con el propósito que la gestión administrativa sea lo más célere y efectiva posible en beneficio del administrado.”Sentencia 2559-03

Es cierto que este principio va dirigido a las instituciones de la administración pública, o sea, a las instituciones del Poder Ejecutivo no así para otro Poder del Estado. Sin embargo, nada impide que las instituciones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial mediante una mesa de trabajo desarrollen buenas prácticas estatales, tal como se hace en otros países.  

El Ministerio Publico y sus auxiliares policiales deben trabajar de manera coordinada como lo manda la Constitución. No deben pelearse ni acusarse mutuamente. Estas instituciones a su vez pueden generar con el Poder Judicial buenas prácticas pero siempre apegadas a la Constitución para beneficio y fortalecimiento de sus roles constitucionales.

Por otro lado puedo afirmar que la Policía Nacional como el Ministerio de las Fuerzas Armadas no tiene facultad constitucional ni legal para criticar las actuaciones del Ministerio Público. Esas instituciones cuando trabajan la parte penal lo hacen en calidad de auxiliares del Ministerio Público, es decir, son instituciones subalternas del Ministerio Público, y por tanto no le es dable tomar posición en contra de su jefe institucional cuando actúan como ayudantes en las investigaciones penales bajo la coordinación del órgano responsable de acusar ante los tribunales penales. 

La posición de críticas de los organismos castrense en cierto modo se ve como una insubordinación al Poder Ejecutivo toda vez que tales instituciones no tienen facultad deliberativa.

A sí mismo, no se ve bien ni es constitucional ni legal que el Ministerio Público salga por los medios de comunicación a criticar a los jueces penales del Poder Judicial. La facultad constitucional y legal que tiene el Ministerio Publico para expresar un descuerdo a una decisión que vaya en contra de sus interés es la de apelar dicho fallo judicial. No tiene otra.

Creo que esta discusión a través de los medios de comunicación que protagonizan estas instituciones del sistema penal en cierto modo viola la Constitución. Refleja inmadurez constitucional y falta de coordinación. 

Su propósito final es la de buscar un culpable y la de establecer un protagonismo inútil.  Hasta la próxima capsula penal.