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La re-victimización o también llamada victimización secundaria es aquella que se deriva de las relaciones de la víctima con el sistema jurídico penal. Esta se considera aún más negativa que la victimización primaria (la victimización primaria deriva directamente del hecho traumático, directa de la víctima en el delito) mientras que la la secundaria, de la relación posterior establecida entre la víctima y el sistema jurídico-penal (policía o sistema judicial) o un sistema de ayudas (indemnización económica, asistencia psicológica, apoyo psicoeducativo a los hijos, etc.) defectuoso. Es decir, el maltrato institucional  puede contribuir a agravar el daño psicológico de la víctima o a cronificar las secuelas psicopatológicas.

En fin la re-victimización son las personas llamadas victimas del proceso.

La re-victimización institucional presenta caracteres especialmente nocivos por varias razones:

•Porque provoca un daño emocional suplementario a personas cuyo nivel de autoestima es especialmente limitado como consecuencia del impacto generado por el hecho delictivo.

•Porque proviene de la actuación de poderes públicos diseñados para conferir amparo a las personas cuyo proyecto vital ha sido afectado por la conducta lesiva de otra persona. Se genera, por tanto, un efecto especialmente patógeno: las estructuras creadas para tutelar a las víctimas provocan una sensación de vacío y falta de aliento que alimenta la sensación de dolor.

•Porque se daña a las personas que de forma casi exclusiva promueven la actuación del sistema institucional de justicia. Se quiebra, con ello, el sentido simbólico sobre el que se asienta su condición de garante de la cohesión social.

Los actores del sistema penal (jueces y fiscales) practican la re-victimización? por ej. Hay numerosos casos en donde la víctima del delito ya ha conciliado y ha arribado a un acuerdo integral con su agresor. Han expresado por escrito que no le interesa el caso ni en lo penal ni lo civil y que no quieren accionar porque ya conciliaron.

Sin embargo cuando se produce tal situación el juez y el fiscal o el sistema penal se empeñan y les quieren obligar asistir, a través de una orden de arresto, al juicio. Con esta orden de conducencia están re-victimizando de nuevo a la víctima.

Tal posición refleja un modelo penal punitivo, donde la repuesta penal es considerada como la primera. La Justicia se ve como simples formalismos en la aplicación de la ley y se promueve una exclusión de la comunidad y de la víctima.

La Corte Penal Internacional ha reiterado que las victimas no son objetos pasivos ni instrumentos de prosecución, sino sujetos activos en todas las etapas del proceso y las cuales pueden presentar sus puntos de vista y preocupaciones ante la corte para que sean consideradas en el proceso.

El código procesal penal establece en su artículo 84 los derechos de la víctima y dentro de estos se encuentra el de recibir un trato digno, respetuoso y el de intervenir en el procedimiento. Estos derechos de corte legales le garantizan a la víctima en el proceso penal que su posición debe ser escuchada y tomada en cuenta. No de manera formal si no de manera práctica.

En materia internacional existen numerosos documentos jurídicos que tratan el tema de los derechos de las víctimas. Es por ello que la declaración sobre los principios fundamentales de justicia para la victimas del delito y del abuso de poder (resolución 40/34 de la asamblea General, ONU) establece que se adaptaran los procedimientos judiciales y administrativos de las víctimas, bajo el siguiente tenor: permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus interés, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente.

El modelo de administración penal que adopta el Estado dominicano hoy día es el modelo restaurativo según el artículo 169 de la Constitución y el artículo 2 del código procesal penal. 

Este modelo se caracteriza porque ve al delito como una afectación victima-victimario, hace énfasis en la solución del conflicto, obligación de restaurar (qué se debe hacer a futuro para reconstruir), prioriza el diálogo y negociación normativa, aplica una restitución para reconstruir ambas partes /conciliación/restauración, establece una justicia como reconocimiento de los derechos de todos, la comunidad se usa como facilitadora del proceso de restauración y hay una fuerte atención a la víctima como prioridad.