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Santo Domingo, DN, RD:- Cualquier caso o delito penal que se investigue por parte del Ministerio Público puede ser anulable por un juez si el imputado demuestra que en la etapa preparatoria o investigación preliminar se afectaron sus derechos y garantías a favor del investigado.

El código procesal penal dominicano prohíbe en su artículo 95 que una investigación de un hecho criminal se haga afectando derechos y garantías contra el imputado. El citado artículo prevé un catálogo de derechos a favor del imputado los cuales se activan desde el primer acto del procedimiento y que el ministerio público no puede violar. Más bien el investigador tiene que respetarlos y garantizarlos.

Dentro de esos derechos que el código procesal penal cita se encuentra el derecho del imputado hacer informado del hecho penal que se le impute. Este derecho implica una información pertinente y oportuna sobre cargos, pruebas y derechos y sobre el devenir del proceso en todos sus momentos trascendentes. 

Para poder ejercer la defensa es indispensable que aquel llamado a hacerla cuente en el momento oportuno con la información necesaria para orientarla hacia donde sea preciso. Después del derecho de intervención o participación del imputado en el proceso, no existe nada más importante para que la defensa  sea posible que el conocimiento preciso y oportuno de los derechos que asisten al encartado, de los cargos que se le hacen, de las pruebas que obran en su contra, de las consecuencias de algunos de sus actos y de todas aquellos actos procesales que le incumban en su condición de sujeto procesal.

El derecho a la información tiene rango en el bloque de constitucionalidad. En tal sentido, la Constitución en su artículo 40 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o pacto de San José en su artículo 8 establece las garantías judiciales y dentro de ellas está el derecho de intimación y el de información. 

La preservación del derecho a la información que tiene todo imputado está a cargo del Ministerio Público de manera principal y su violación tiene como consecuencia no solo la nulidad de los actos del proceso y su consecuencia sino que el funcionario que lo violó acarrea su responsabilidad según la ley.

Citando al Procurador General Adjunto Moisés Ferrer en su doctrina cuando este afirma “las actuaciones del Ministerio Publico en la investigación penal deben ser objetivas, su accionar debe comportase como un buen padre de familia, no debe violar derechos más bien tiene que respetarlos y garantizarlos para bien de la investigación.”   

La decisión que anula un proceso penal es definitiva e irrevocable. La misma no es apelable. El código procesal penal acoge el principio de impugnación objetiva y de taxatividad recursiva los cuales ordenan que solo se pueda recurrir o apelar las decisiones que este código indique expresamente. El artículo 95 que regula la nulidad procesal no dispone ni establece que dicha decisión pueda ser apelada.

La decisión de anular un proceso penal envía un claro mensaje y es que el Ministerio Público en su proceso de investigación penal no debe ni puede sacrificar a costa de tener éxito en sus pretensiones los derechos que el imputado tenga a su favor. El Ministerio Publico haría más bien respetarlos y garantizarlos.