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A poco más de un año de promulgarse la Ley Orgánica de la Administración Pública (247-12), que establece los principios rectores y reglas básicas para la organización y funcionamiento de las instituciones estatales, el Poder Ejecutivo todavía no ha elaborado el reglamento para su aplicación. 

La Ley, que surgió como un mandato de la Constitución de 2010, plantea una serie de principios que entran en contradicción con la estructura clientelar que por años ha prevalecido en el Estado dominicano.

Carlos Pimentel, director del área de Transparencia y Gobierno, de la organización cívica Participación Ciudadana, afirma que la aplicación de la medida ha encontrado un muro de contención en la clase política ya que supone la revisión de toda la estructura del Estado a fin de hacerlo más racional. 

Esto implica, entre otras cosas, erradicar la duplicidad de funciones en varias instituciones que cumplen el mismo rol y que ya no tienen razón de existir desde el punto de vista de un Estado eficiente.

“Para implementar una normativa de esta naturaleza necesariamente tenemos que enfrentar esa estructura clientelar en la administración pública, y eso va a necesitar mucha voluntad política, mucha presión de las organizaciones sociales y sobre todo, que podamos tener una administración pública sobre la base de la gestión de calidad, uno de los elementos que plantea la ley orgánica”, afirmó.

Puso como ejemplo, el sector de la construcción, donde tanto el Ministerio de Obras Públicas, la Oficina Supervisora de Obras del Estado, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, las cuales realizan las mismas funciones.

Lo mismo sucede con el sector transporte, donde existen más de diez instituciones que intervienen en la regulación del importante servicio.

Racionalidad del Estado

En uno de sus principios, la nueva normativa legal señala que no podrán crearse nuevos entes y órganos en la administración pública que impliquen un aumento en el gasto corriente, y en el caso de que se creen debe hacerse basado en estudios previos avalados por el Ministerio de la Administración Pública.

En ese sentido, el abogado, experto en políticas de transparencia y calidad, sostiene que el Gobierno de Danilo Medina ha obviado estas disposiciones creando nuevos programas sociales, como es el caso de “Progresando con Solidaridad”, “Quisqueya sin Miseria” y “Quisqueya aprende contigo”.

“Hemos tenido más que una reducción y eliminación de los programas sociales dispersos que teníamos, la creación de otros que siguen creando distorsiones y dualidad de funciones en la administración pública”, sostiene.

La Ley también limita a seis el número de viceministros en todas las instituciones, cuyas funciones son dirigir, coordinar, evaluar y controlar un subsector homogéneo de la actividad sustantiva asignada al ministerio, bajo el estricto criterio de racionalidad y adecuación al sector ministerial.

Sin  embargo, Pimentel sostiene que lo que se ha hecho es acomodar en la nómina pública a las personas que anteriormente ocupaban estas funciones en nuevos cargos creados para tales fines.

“Si bien es cierto, que tienen seis viceministros, los nombraron como asesores o lo hicieron encargados de departamento y los mantienen en la misma institución. Antes de la gestión de Danilo Medina teníamos instituciones que tenían 48 viceministros, 38 como el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo que se ha hecho es acomodar a lo que establece la Ley Orgánica de no más de seis”.

Pese a todos los obstáculos, Carlos Pimentel considera que la promulgación de la ley constituye un paso de avance para la institucionalidad por lo que se debe abogar para su implementación.

Principios impracticables

La Ley, promulgada en la pasada administración gubernamental, exige a los servidores públicos acogerse al código ético planteado en la Ley 41-08, de Función Pública, cuyos principios son violados permanentemente. 

Entre los preceptos que la normativa califica como faltas disciplinarias figuran los siguientes:

•Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por medio de persona interpuesta, gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas, como pago por actos inherentes a sus cargos.

•Solicitar, aceptar o recibir ventajas o beneficios en dinero o en especie, por facilitar a terceros la adquisición de bienes y servicios del Estado, o facilitar a éstos la venta de los mismos.

•Prestar, a título particular y en forma remunerada, servicios de asesoría o de asistencia al Estado, relacionados con las funciones propias de sus cargos.

•Recibir más de una remuneración con cargo al erario excepto que estuviera expresamente prevista en las leyes o reglamentos.

•Aceptar designación para desempeñar en forma simultánea más de un cargo del Estado, salvo cuando se trate de labores docentes, culturales, de investigación y las de carácter honorífico, no afectadas por incompatibilidad legal, y con la debida reposición horaria cuando hubiera superposición de este tipo. 

•Obtener préstamos y contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las cuales se tengan relaciones oficiales en razón de los cargos públicos que desempeñan. 

•Intervenir, directa o indirectamente, en la suscripción de contratos con el Estado a través de la institución donde labora y en la obtención de concesiones o beneficios que impliquen privilegio oficial en su favor, salvo en los casos en que por mandato de la ley los deban suscribir.

•Participar en actividades oficiales en las que se traten temas sobre los cuales el servidor público tenga intereses particulares económicos, patrimoniales o de índole política que en algún modo planteen conflictos de intereses.

•Valerse de sus influencias jerárquicas para acosar sexualmente a servidores públicos  en el Estado, o valerse del cargo para hacerlo sobre ciudadanos que sean usuarios o beneficiarios de servicios del órgano o entidad a la que pertenezca el servidor público.

•Servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político, o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución.

•Requerir, inducir u obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas o partidistas, sea en su provecho o en provecho de terceros.

•Prestar servicios en la misma institución que su cónyuge y quienes estén unidos por lazos de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, cuando tuvieran relación de jerarquía.

02/01/2014